Creo que es conocido por la comunidad que el canon estaba impugnado ante el Tribunal de Defensa de la Competencia ya que los letrados, afectados por el canon en los juicios, no participaron en la decisión de la imposición del mismo. Un seguimiento de los procedimientos puede hacerse en Derecho de Internet, donde pueden encontrarse todos los textos.
El motivo de la impugnación tiene como fundamento último uno de los miles de disparates en que se ha convertido el canon: los músicos y autores cobran de los juicios que se celebran en este país, puesto que la documentación de las vistas orales se realiza, obligatoriamente por Ley, mediante grabaciones en CDRom.
Solicité el apoyo institucional de mi colegio profesional, el de abogados de Madrid, así como al CGAE, y he recibido la primera de las contestaciones: la adhesión unánime del CGAE a las tesis mantenidas de exención del canon en las vistas judiciales.
Lo siguiente que he ejercido ha sido mi derecho de petición. Este derecho lo tiene cualquier ciudadano para proponer mejoras en la función pública y, según la exposición de motivos de la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición:
«Ahora bien, no debe pensarse que el de petición es un derecho menor. Desde luego, históricamente no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de Derecho.»
El derecho de petición es el único recurso legal que tengo para propugnar la ampliación de la excepción a otros sectores diferentes del jurídico. Si bien es un disparate que las entidades de gestión recauden dinero de los juicios, también lo es que lo recauden del programa PADRE, de los mapas de carretera del Ministerio de Fomento, de las distribuciones de software... No nos olvidemos: el canon nos afecta a todos, empezando por el Estado.
No existe ningún motivo legal por el que los abogados deban quedar exentos y no los informáticos o los ingenieros. Es hora de empezar la segunda fase, que debe consistir en una personación legal de todos los afectados por el canon en los siguientes procedimientos:
- Ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.
- Ejercitando su derecho de petición ante la Ministro de Cultura.
Mi llamamiento se realiza hacia los letrados y las siguientes personas jurídicas:
- Colegios profesionales.
- Sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales.
- Asociaciones de informática en general y de software libre
- ONCE y asociaciones de minusválidos.
- Confesiones religiosas.
- Universidades, centros de enseñanza pública y privada.
- Organizaciones que se dediquen a la investigación sanitaria y científica.
- Todos otros aquellos afectados por el canon y que no utilicen los CDRoms ni DVDs para grabaciones de audio o vídeo sometidas a propiedad intelectual.
Desde aquí quisiera hacer ese llamamiento y esa invitación. Los procedimientos legales que he iniciado son libres, en el sentido de que cualquier abogado y afectado puede copiarlo, hacerlo suyo, cambiarlo, modificarlo, adaptarlo a sus necesidades... e interponerlo. Un procedimiento que afecta a múltiples perjudicados debe hallarse a la luz pública. Los textos para la interposición de los recursos se hallan al alcance de todos: El canon en los soportes digitales.
Por último, quisiera comentar también que he enviado copia de la resolución del CGAE y del escrito en el que ejerzo mi derecho de petición a los Colegios de Notarios, Procuradores, Registradores de la Propiedad y otros Colegios profesionales. Se lo he enviado explicándoles en qué les afecta, les hago partícipes del caso de los abogados y les solicito que, en el caso de que lo estimen oportuno, realicen mediante sus letrados la interposición de las acciones en defensa de sus derechos, sin perjuicio de la ayuda desinteresada que les podemos prestar desde Derecho de Internet.
La pregunta ahora es: ¿por qué los abogados quedarían exentos y no el resto de los profesionales? Hemos ido por partes. Seguiremos por partes.
