la propuesta
La Fundación para la Ley y el Or... que me diga, la Fundación para una Infraestructura Informática Libre, FFII, lleva meses protestando contra la directiva en discusión.
Las medidas propuestas (y ahora aprobadas) incluyen cosas tan divertidas como:
- órdenes Anton Piller: autorizaciones secretas de registros en busca de evidencia, realizadas por agentes privados del demandante;
- injunciones (?) Mareva: congelación de cuentas, incluso antes de que el caso sea juzgado;
- nuevos poderes para demandar un gran rango de información personal y comercial;
- y la admisión de denuncias por testigos anónimos como evidencia del caso.
la aprobación
La propuesta ha sido aprobada con 330 votos a favor y 151 en contra.
Para saber con quién nos jugamos las habichuelas: la responsable de la propuesta es la parlamentaria francesa Janelly Fourtou, que casualmente es la mujer del presidente de Vivendi Universal.
análisis barato
En principio, supongo que la idea era luchar contra las grandes pirateadoras, ésas que surten los top manta de nuestra geografía. Pero, ya aprovechando, la señora francesa parece que decidió ayudar un poco a su marido (cosa siempre loable), ampliando el objetivo a "piratas casuales" -- para nosotros, los que comparten sus archivos.
Pero las víctimas pueden ser otras (al contrario de lo que los defensores de la propuesta dicen). Si pensamos en el poder concedido a cualquiera que alegue una violación de copyright, como en el caso SCO, veremos que son un arma poderosa en la guerra contra el software libre.
caso de prueba
Nos basaremos en esta descripción de la FSF e IP Justice para analizar un caso posible.
Supongamos que una compañía de software, XOCS, cree que su propiedad intelectual ha sido copiada en Linux por otra compañía, MBI. Esta "propiedad" es de cualquier tipo; no hay mucha distinción en la directiva: primero son patentes, luego el juicio se extiende al copyright. ¿Cómo hacer el máximo daño posible?
Para empezar, antes de hablar con el juez, se congelan las cuentas de los transgresores, MBI. Después la policía privada (seguratas a sueldo) invade sus oficinas y confisca las máquinas. Pero a continuación, la compañía XOCS sospecha que el resto de usuarios de Linux también están violando su "propiedad": al grito de "mi preciossso", podrían hacer lo mismo con quien les diera la gana: universidades, empresas, usuarios particulares. Además, los proveedores de servicio se enfrentarían con la destrucción de sus servidores, al albergar a usuarios de Linux que no respetan la "propiedad" intelectual de XOCS. Todo ello regado por testimonios anónimos, ante los que poca defensa tenemos. ¿Alguien pondría unos milloncejos de dólares para ayudar?
A runlevel0 le hace gracia pensar en legiones de mercatroides cayendo sobre empresas y universidades. Bueno, pues esto parece mucho peor: seguratas de porra fácil cayendo en enjambres sobre usuarios desprevenidos.
perspectiva
Una vez aprobada, la directiva es válida en un par de días (o sea, ya). A partir de ese momento, los Estados miembros tienen dos años para convertirla en ley. Veremos cómo los países individuales se portan en cada caso; seguro que en España serán suaves como la seda (juas).
Yo por si acaso, voy a ir metiendo las tripas del ordenador en la tostadora, y viceversa. Tomaré malas tostadas, pero al menos dormiré bien.
