Los abogados de SCO dejaban la semana pasada en los tribunales estadounidenses las dos primeras demandas contra empresas que usan Linux, un sistema operativo creado por programadores independientes que se puede modificar libremente. SCO acusa a una red de 3.000 tiendas de repuestos de automóviles, AutoZone, por violar sus derechos de propiedad intelectual al haber instalado Linux en sus ordenadores corporativos.

La compañía cumple con las amenazas lanzadas en noviembre.

En su periplo de reclamaciones por Europa, el vicepresidente de SCO ha llamado en las últimas semanas a varias administraciones públicas españolas -entre ellas la Junta de Extremadura, la de Andalucía y la Comunidad de Madrid- y empresas donde se usa Linux para reclamarles el pago de licencias.

Responsables de Extremadura y Andalucía, dos comunidades que han desarrollado ambiciosos proyectos de implantación del sistema operativo Linux en los centros educativos (Linex y Guadalinex, respectivamente) recibieron hace dos semanas en reuniones informales la visita del director de SCO en España.

Ambas administraciones han rechazado tajantemente el acuerdo que SCO les ofrecía: concederles licencias gratuitas para usar Linux en el ámbito educativo a cambio de que la Administración reconociera públicamente la legitimidad de SCO.

"Esta empresa lo que está buscando es publicidad", critica Luis Millán Vázquez, consejero de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura. "Llaman a nuestra puerta, nos dicen que son los dueños de Unix y que Linux ha copiado una parte, pero para eso tienen que aclarar muy bien cuáles son las partes de su propiedad".

SCO apoya sus reclamaciones en dos puntos que deben ser aclarados por los tribunales de EE UU. El primero es que controla los derechos de propiedad intelectual del sistema operativo Unix, afirmación que le enfrenta con la empresa Novell; en una segunda demanda judicial SCO argumenta que IBM ha filtrado parte del código de Unix a Linux.

El director de SCO para España asegura que hay 1.500 ficheros en Linux que han sido tomados de Unix, un aspecto crucial sobre el que la jueza del caso IBM insistía la semana pasada al requerir a SCO que aporte pruebas e "identifique con precisión todas las líneas del código de Linux que la compañía reclama como propias". En Alemania y tras un acuerdo judicial la compañía no podrá reclamar más sobre Linux.

Pese a la amenaza de cargar contra los usuarios de Linux que no pasen por taquilla el mercado de estos servidores no se ha resentido en el último trimestre de 2003. Las ventas aumentaron el 53% hasta alcanzar las 250.000 unidades, y hubo un crecimiento del 63% de la facturación (960 millones de dólares), según IDC.

Sin embargo, las amenazas generan "cierta incertidumbre en algunas empresas", explica Juan Tomás García, presidente de la asociación Hispalinux. "Nuestra postura es que SCO está intentando sacar dinero de algo que no es suyo". Para contrarrestar la acometida, Hispalinux ofrece gratuitamente el cambio de los sistemas Unix de SCO a Linux.

De momento ha pagado por las licencias EV1Servers.net Computer Associates, Leggett & Platt, and Questar, aunque SCO asegura que otras grandes empresas se han plegado a su petición de pagar 699 dólares por cada servidor que tenga instalado Linux, 199 dólares por ordenador.

El caso SCO se remonta a marzo de 2003, cuando la compañía demandó a IBM por violación de los acuerdos contractuales que mantenía para usar Unix. A su vez, IBM ha demandado a SCO.